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Reestructuración e insolvencia.

REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA. CONCEPTOS Y NOVEDADES DE LA NUEVA NORMATIVA.

Con el fin de la moratoria concursal, el Proyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal 1/2020, de 5 de mayo, introduce el concepto de probabilidad de insolvencia (la que se producirá dentro de los dos próximos años), fija el plazo de la insolvencia inminente (próximos 3 meses) y mantiene el concepto de insolvencia actual. Establece un sistema de alertas tempranas para detectar lo antes posible las situaciones de insolvencia y regula los planes de reestructuración como mecanismo para superarla cuando la sociedad todavía tiene valor. Ofrece la superación de la insolvencia a través de planes de reestructuración preventiva, facilita la venta de la unidad productiva y, por último, regula un procedimiento especial para microempresas (menos 10 trabajadores durante el último año, menos de 700.000€ de cifra anual de negocio y un pasivo inferior a 350.000€ según las últimas cuentas anuales).

El concurso de acreedores, como proceso judicial, implica un deterioro significativo de los bienes y derechos de la concursada y la liquidación, en la práctica, de aquellas sociedades que operan en el sector público y sector servicios. A partir de la declaración de concurso los proveedores dejarán de suministrar salvo pago al contado y a un precio superior para recuperar parte de la cantidad debida y los clientes dejarán de anticipar pagos y buscarán otros suministradores que les den mayor seguridad. Las concursadas que operan en el sector público (construcción, mantenimiento y servicios) deberán resolver sus problemas de solvencia lo antes posible a través de planes de restructuración o venta de unidades productivas. El concurso de acreedores impedirá concurrir a cualquier concurso público, conlleva la pérdida de la clasificación, respecto de los contratos vigentes se les impondrá, en la práctica, su cesión a terceros y, por último, la liquidación concursal implica la resolución de los contratos que todavía continúen vigentes, todo ello de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

La reforma concursal impone a los administradores sociales que adopten medidas para detectar la insolvencia probable porque, de no hacerlo, pueden incurrir los administradores sociales en responsabilidad que les podrá ser exigida por los acreedores a través de las acciones de responsabilidad individual (art. 241SLC) u objetiva (367 LSC).

En la situación actual, le ofrecemos el mejor asesoramiento jurídico/económico a la sociedad, socios y administradores sociales para superar la insolvencia probable, inminente o actual informándole de las alternativas y soluciones a sus problemas societarios. contacto@dlma.es.

Gregorio de la Morena.
Abogado colg. 16.616

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